Autor del artículo: Antonio Rea.
Coincidiendo con la renovada insistencia de los ecologistas acerca de una consulta pública con junta de información sobre el proyecto de la aeropista en el sur de la isla, y con la petición de castigo a los funcionarios estatales que permitieron el desmonte; ahora resulta que el Ministerio Público del Fuero Común gira un citatorio a la ambientalista Guadalupe Alvarez, por una demanda que en su contra presenta el dueño del polémico proyecto.
Exhibiendo una rapidez y eficiencia que se extrañan en multitud de otros casos criminales pendientes de resolver en la isla, el Ministerio Público le ha emitido ya su citatorio para declarar este viernes a la una de la tarde, a la conocida defensora de la naturaleza.
Hasta donde se sabe, el supuesto delito por el que denunciaran los promotores de una pista aérea que de manera clandestina se construía en el sur de la isla a la ecologista, es el haber dañado su portón de acceso, construido de toscas maderas, supuestamente para entrar al predio el pasado mes de junio, cuando la activista ambiental acudió al lugar para verificar una denuncia por el desmonte del predio, el cual con el tiempo se comprobó que no contaba con los correspondientes permisos federales y fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Para vengarse de esta denuncia, que provocó la consiguiente clausura de los trabajos, fue que los promotores del proyecto que ahora se sabe tiene el nombre de “Aerogol Cozumel”, denunciaron a su vez penalmente a la ecologista, acusándola de los mencionados daños, a pesar de que el portón de marras exhibía aquel día sendos sellos de clausura del departamento de Ecología municipal y no fue siquiera tocado por quienes acudieron a documentar los daños al medio ambiente, quienes penetraron por un lado de la cerca, entre los matorrales, donde no había indicación alguna de que se trataba de una propiedad privada.
Sólo la posterior investigación periodística y de los propios ecologistas de “Citymar” aclaró que se trataba del hoy conocido proyecto “Aerogol” y demostró que no se tenían los permisos de impacto ambiental, dando lugar a la clausura.
Cuestionada al respecto de su citarorio, la señora Alvarez Chulim dijo que no tiene miedo de comparecer, pues sabe que no hizo nada ilegal ni provocó daño alguno; aunque lamentó que las autoridades de procuración de justicia se presten a servir de arietes a este tipo de causas, mientras que muchos otros casos que verdaderamente han lastimado a la sociedad, aún esperan justicia.
Imagen e información del periódico Por Esto!
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