Autor: Raúl Trejo Delarbre.
Cuando diseñaron las reglas para la autoridad electoral todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que tenía que ser independiente respecto de cualquier otro poder. Soberanía, solidez, albedrío, fueron adjetivos reiterados tanto en las difíciles discusiones para elaborar la iniciativa de reformas constitucionales como en los discursos que la respaldaron en la tribuna de la Cámara de Diputados. En los últimos días de julio de 1996 desde todos los ámbitos del entramado político había coincidencia en que la reforma era provechosa porque, entre otros temas, garantizaba la autonomía de los consejeros electorales que encabezarían al IFE.
Esa autonomía ha sido uno de los valores fundamentales de la normatividad electoral. Y en ella, como tanto se ha dicho, ha radicado la clave inicial de la transición política mexicana de los años recientes. Gracias a esa autonomía, la autoridad electoral ha podido organizar los comicios sin injerencias como las que antaño imponían el interés y la discrecionalidad del gobierno. Y ha estado en capacidad de sancionar a los partidos cuando han infringido las reglas de las elecciones.
Tal autonomía de la autoridad electoral está a punto de ser quebrantada, de manera quizá irremediable, por la torpeza y la obcecación en algunos casos, o por la pusilanimidad o la avidez en otros, de los dirigentes y legisladores de nuestros partidos políticos. Será un error histórico, de cuyas dimensiones no pueden o no quieren darse cuenta aquellos que hoy, con demasiada ligereza, insisten en destituir a todos o algunos de los consejeros electorales.
Leer el artículo completo en La Crónica de Hoy.
Cuando diseñaron las reglas para la autoridad electoral todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que tenía que ser independiente respecto de cualquier otro poder. Soberanía, solidez, albedrío, fueron adjetivos reiterados tanto en las difíciles discusiones para elaborar la iniciativa de reformas constitucionales como en los discursos que la respaldaron en la tribuna de la Cámara de Diputados. En los últimos días de julio de 1996 desde todos los ámbitos del entramado político había coincidencia en que la reforma era provechosa porque, entre otros temas, garantizaba la autonomía de los consejeros electorales que encabezarían al IFE.
Esa autonomía ha sido uno de los valores fundamentales de la normatividad electoral. Y en ella, como tanto se ha dicho, ha radicado la clave inicial de la transición política mexicana de los años recientes. Gracias a esa autonomía, la autoridad electoral ha podido organizar los comicios sin injerencias como las que antaño imponían el interés y la discrecionalidad del gobierno. Y ha estado en capacidad de sancionar a los partidos cuando han infringido las reglas de las elecciones.
Tal autonomía de la autoridad electoral está a punto de ser quebrantada, de manera quizá irremediable, por la torpeza y la obcecación en algunos casos, o por la pusilanimidad o la avidez en otros, de los dirigentes y legisladores de nuestros partidos políticos. Será un error histórico, de cuyas dimensiones no pueden o no quieren darse cuenta aquellos que hoy, con demasiada ligereza, insisten en destituir a todos o algunos de los consejeros electorales.
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